Perú inicia una nueva era en las contrataciones públicas: entra en vigencia la Ley N.º 32069

Este martes 22 de abril de 2025 marca un hito para el Perú en materia de gestión pública: ha entrado en vigencia la Ley N.º 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, junto con su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N.º 009-2025-EF. Con ello, se pone en marcha un renovado sistema de contrataciones que deroga la anterior Ley 30225 y busca establecer un marco estratégico, eficiente y transparente para las adquisiciones del Estado.

Principales cambios normativos

La nueva normativa se estructura en 13 títulos y 389 artículos, incrementando significativamente el detalle respecto a su antecesora. Entre los principales cambios destacan:

• Enfoque estratégico: Se promueve el "valor por dinero" como finalidad principal de las contrataciones públicas, buscando maximizar el beneficio para la ciudadanía.

• Nuevos actores: Se refuerzan las funciones de la Dirección General de Abastecimiento (DGA), Perú Compras y el flamante Organismo Especializado para las Contrataciones Públicas Eficientes (OECE), que reemplaza al OSCE.

• Ficha Única de Proveedor: Centralizará la información de cada proveedor, incluyendo antecedentes, penalidades y reputación.

• Procedimientos renovados: Se introducen modalidades como la Compra Pública de Innovación (CPI) y los contratos menores (para adquisiciones de hasta 8 UIT).

• Estrategia de contratación: Será obligatoria y deberá incluir análisis de riesgos, procedimientos adecuados y modalidades de pago.

• Profesionalización: Los jurados especializados podrán evaluar en licitaciones y concursos públicos, asegurando mayor tecnicismo.

• Respuesta ante emergencias: Se habilita la contratación directa en situaciones de riesgo inminente.

• Contrataciones de salud: Se regulan mecanismos diferenciados para tecnologías sanitarias innovadoras y de alta especialización.

• Solución de controversias: Se rediseña el Tribunal de Contrataciones Públicas con fases separadas (instructiva y sancionadora) y procesos más ágiles.

Implementación progresiva y retos

A pesar del entusiasmo por el nuevo marco normativo, los retos son significativos. Según reportó el diario Gestión, apenas el 2% de los funcionarios públicos que deberán aplicar la nueva ley cuentan hoy con certificación avanzada en el Sistema de Certificación de Acreditación a Niveles (SICAN).

El OECE ha informado que más de 20,000 servidores logísticos ya están certificados en tres niveles básicos, pero el proceso de profesionalización debe continuar intensamente en 2025. La brecha es evidente: en 21 regiones del país no existen más de 10 funcionarios certificados a nivel avanzado, situación que podría afectar la correcta implementación de las nuevas disposiciones.

La presidenta ejecutiva del OECE, Mirtha Rázuri Alpiste, subrayó hoy en conferencia de prensa que el organismo no solo supervisará, sino que acompañará técnicamente a las entidades para que apliquen la norma de manera adecuada. También anunció que el OECE podrá suspender procesos de contratación en caso detecte riesgos que afecten el interés público.

Por su parte, la viceministra de Economía, Denisse Miralles, destacó la importancia de la articulación entre la DGA, Perú Compras y el OECE para asegurar la adecuada transición al nuevo sistema.

Modernización tecnológica

Como parte de la reforma, se implementa la nueva Plataforma Digital de Contrataciones Públicas (Pladicop), que integrará el Registro Nacional de Proveedores (RNP) y el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (Seace), permitiendo una gestión más ágil y transparente del ciclo de compras públicas.

Se proyecta también la inscripción de alrededor de 70 instituciones arbitrales y 35 juntas de prevención y resolución de disputas en el Registro REGAJU, fortaleciendo los mecanismos alternativos de solución de controversias.